Multas contra la libertad de expresión

Históricamente, España nunca ha sido un paraíso para los derechos humanos. Sin embargo, tras la caída de la dictadura, se lograron una serie de avances de gran importancia.

Hoy, tras más de treinta años de democracia, en vez de profundizar en esos avances, nos vemos dando pasos hacia atrás; caminando poco a poco hacia tiempos pasados.

Es preocupante la cantidad de multas que están llegando en los últimos meses (y la frecuencia con la que llegan) a personas cuyo único delito ha sido el de ejercer su derecho de manifestación.

Estas sanciones económicas no vienen referidas a delitos concretos, como por ejemplo agredir a un policía o insultar a un peregrino durante la JMJ. Sus motivos oficiales son genéricos, como “desorden público” o “desobediencia a la autoridad”. Estos conceptos son tan ambiguos que pueden referirse a una causa legal real, o a cualquier cosa que sea manifestar la opinión más inoportuna en el momento y lugar más inoportunos…

Mención aparte merecen las más de 200 personas que en la Comunidad de Madrid han recibido multas de hasta 1.800 € y peticiones de hasta un año de prisión, por el simple hecho de ir a votar el pasado día 20 de noviembre vistiendo una camiseta verde por la educación pública. Se les acusa de hacer “propaganda electoral” el día de las elecciones, cuando la verdad es que esa camiseta no hacer referencia a ningún partido ni opción política. De hecho, la escuela pública es algo que todos los partidos defienden, supuestamente, en sus programas.

El uso de sanciones económicas como forma de represión, supone varios problemas:

1. Es difícil para la opinión pública considerarlo “represión”. Las imágenes de las fuerzas antidisturbios agrediendo a individuos pacíficos pueden polemizar y ser objeto de debate o indignación, mientras que la llegada de multas sin dañar la integridad física del individuo se consideraría algo justo y dentro del marco democrático.
2. A pesar del punto anterior, la represión económica puede ser, a veces, mucho peor que la represión física. Una persona puede tener el valor de recibir porrazos y, poco después, volver a manifestarse arriesgándose a recibirlos de nuevo. Sin embargo, y más en tiempos de crisis, poca gente puede permitirse recibir varias multas, con el esfuerzo económico que esto supone.
3. Las multas carecen de visibilidad. Las imágenes del desalojo de Plaça Catalunya o de la policía pegando a una joven de 17 años durante la JMJ han recorrido todos los medios de comunicación. Sin embargo, los cientos de multas recibidas durante los últimos meses, apenas se han hecho eco.
4. Las multas tienen, aunque sea ambiguo, un motivo legal. De este modo, la opinión pública piensa: “no se les multa por manifestarse, sino por cometer un delito”. Sin embargo, en ningún país del mundo existe oficialmente la represión política, ni siquiera en las peores dictaduras. Toda represión o censura de carácter político empieza identificando una opción política con delitos comunes. A lo largo del mundo, los presos y presas de conciencia tienen cargos como “atentar contra la seguridad nacional”, “manipular a la población civil” o similares. Hay que saber distinguir los motivos oficiales de los motivos reales.

Por todo esto, desde la Asamblea Popular de Velilla de San Antonio, queremos denunciar y condenar rotundamente lo que se está convirtiendo en un modo de actuar sistemático: las multas por ejercer el derecho de manifestación y de libre expresión.